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003 | 092013 | LIBERTAD: Boletín Interior de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos

A la memoria de Gervasio Puerta (1921-2013).

LIBERTAD. Boletín Interior de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos. Nº 6 (octubre 1977)

Este número, cedido al archivo de CCOO PV por el compañero Blas Álvarez, reproduce en portada una foto de una reunión en Valencia, en el verano de 1977, con la presencia de Gervasio Puerta entre otros, en la que tuvieron lugar los “primeros contactos para crear la coordinadora” de asociaciones de expresos políticos de España. Gervasio falleció el pasado 15 de agosto y a él dedicamos este Documento del Mes.

Gervasio Puerta (Milagros, Burgos, 1921 – San Sebastián de los Reyes, Madrid, 2013), de padre guarnicionero, terminó los estudios primarios y con 14 años se fue a Madrid a trabajar. Al año siguiente, al producirse el golpe contra el gobierno de la II República, se unió a los grupos que preparaban la defensa de Madrid, se afilió a la JSU y a la UGT. A principios de 1937 se alistó en la 31 Brigada Motorizada del Ejército de la República, que en marzo de 1938 fue incorporada a la 3ª División, bajo el mando de Manuel Tagüeña. Combatió en la Batalla del Ebro y, con 17 años, llegó al grado de sargento e hizo un curso en la Escuela Popular de Guerra para ascender a teniente. En la retirada de Cataluña, pasó la frontera por el Coll de Banyuls el 9 de febrero de 1939. En Francia estuvo encerrado en los campos de concentración de Argelès-Sur-Mer, Saint Cyprien y Le Barcarès. Al comenzar la II Guerra Mundial fue incorporado a una compañía de trabajo con la que recorrió Francia al servicio de las autoridades francesas y luego de los ocupantes alemanes. El PCE lo envió a unirse a los jóvenes de la Resistencia en los Pirineos franceses y, en mayo de 1943, volvió a España a luchar contra la dictadura. Dos veces fue detenido y estuvo encarcelado en las prisiones de Sevilla y Burgos. Fue presidente muchos años de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERPA), colaboró en la formación de la Asociación de las Brigadas Internacionales en 1990 y, en 1995, en la de Amigos de las Brigadas Internacionales. En 2011 publicó el libro de memorias Palomas tras las rejas.

La Asociación de Ex Presos surgió en 1965 por iniciativa de un grupo de expresos políticos de Burgos para mantener la relación con los que seguían en las cárceles, la lucha por la amnistía y la solidaridad moral y material entre todos ellos. Se intentó en 1966 obtener el reconocimiento legal, presentando un acta de constitución firmada por 21 personas, que fue rechazada por tres veces constitutivas, con detención de la que presentó el escrito bajo la amenaza de considerar el intento como un acto de oposición a la dictadura. Se crearon asociaciones locales y de nacionalidad, como la de Cataluña, y la de Madrid asumió las tareas de coordinación general. Se establecieron lazos de hermandad con las asociaciones de militares de la II República, con los guerrilleros antifranquistas y con los brigadistas internacionales. También con organizaciones de solidaridad internacional como el Socorro Popular Francés y el CISE, Centro de Información y Solidaridad con España, que fundó Marcos Ana en París y presidió Pablo Picasso.

Las primeras reuniones y asambleas de la Asociación en Madrid se realizan en 1966-67, clandestinas, en los barrios de Vallecas y Usera, aprovechando la influencia del Padre Llanos. Con el tiempo se fue fraguando la relación regular entre las diversas asociaciones y se creó la Coordinadora estatal. La I Asamblea tuvo lugar en 1976 y ese mismo año se forma la Comisión Gestora ProAmnistía. La Asociación de Expresos participa en las manifestaciones de la Transición y no falta a la cita del 1º de Mayo con CCOO y UGT.

El 8 de enero de 1976 dio la Asociación una rueda de prensa en la que se expusieron sus objetivos, que fueron publicados en prensa de importante tirada. La declaración de fines de la Asociación (La lucha por la libertad, pág. 217) ponía en evidencia la exposición a la represión política que aún se vivía:

1º.- Promover actividades y gestiones dirigidas a conseguir la promulgación de leyes que dispongan: a) una Amnistía general; b) suspensión de la pena de muerte; c) derogación de las leyes que impidan o limiten el ejercicio de las libertades políticas; d) asistencia al detenido por un abogado defensor desde el momento de su detención; e) Estatuto especial para los presos políticos en tanto que las actividades políticas y sociales sigan siendo objeto de sanción penal.
2º.- Arbitrar medios de defensa y protección para las personas que hayan sido sancionadas por su actividad política o que puedan serlo en lo sucesivo, así como a sus familiares.
3º.- Conseguir la plena efectividad en España de los derechos de las personas reconocidos por las Naciones Unidas.
4º.- Suspender las diferencias surgidas de la guerra civil creando un aparato de verdadera reconciliación entre los españoles que haga posible su convivencia pacífica.

El número 1 de su boletín Libertad se publicó en diciembre de 1976. La amnistía era el objetivo recogido en el primer editorial, “Por qué estamos aquí y para qué”, de Libertad. Esta amnistía debía ser total y sin exclusiones: “Es paradójico, inquietante y, naturalmente, inadmisible que los que han colaborado o participado en el poder totalitario del franquismo, con lo que ello ha comportado de funesto para España, se atrevan ahora, desde posiciones de fuerza, a discriminar quiénes sí o quiénes no deben ser considerados como demócratas” (La lucha…, pág. 220-221). Como advertía el abogado Gregorio Ortiz Ricol, el Decreto del 30 de julio de 1976 sobre amnistía era inaceptable “como punto de partida necesario para el ejercicio pleno de los derechos cívicos en que la democracia consiste”, y se preguntaba: “¿Cómo va a poder hablarse de democracia cuando se sigue persiguiendo penalmente a los españoles con las mismas instituciones penales especiales que funcionaban antes de la promulgación de la amnistía? ¿Cómo puede hablarse e democracia si siguen tramitándose sumarios y celebrándose juicios por el Tribunal de Orden Público e imponiéndose severas condenas por actividades políticas, normales en cualquier país, con la misma intensidad que antes de la aparición del decreto de amnistía? ¿Cómo puede hablarse seriamente de democracia si subsiste prácticamente el mismo articulado del Código Penal anterior a la amnistía, dirigido a reprimir las actividades políticas? ¿Y sigue vigente una parte muy sustancial del decreto llamado antiterrorismo, que niega fundamentales derechos de defensa y protección del justiciable?” (La lucha…, pág. 223-224).

La legalización de la Asociación tuvo que esperar a que se promulgase la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, el acta de constitución se firmó el día 20 del mismo mes y año. La nueva situación llevó consigo “un aumento vertiginoso del número de afiliados al ver que sus objetivos tenían por finalidad ayudar a resolver la situación de necesidad a que la represión había llevado a muchos miles de familias” (La lucha…, pág. 222). Para desarrollar la actividad de la Asociación se formaron comisiones de trabajo (jurídica, de organización, de solidaridad, de juventud…). En las asambleas, que se celebraron con una notable asistencia, se multiplicaron las iniciativas que cobraron impulso desde la Asociación.

En el País Valenciano se constituyó también la Asociación, con más de seiscientos socios, que publicaba Expresos Políticos y Represaliados : Boletín de la Asociación del País Valenciano. En su número de noviembre de 1977 firmaba J. Escribano el artículo “Lo necesario para que la amnistía sea efectiva”, en el que exponía los problemas concretos que la represión había causado a los que habían luchado por la democracia y a sus familias: situaciones económicas angustiosas, pues muchos cobraban pensiones misérrimas por falta de cotización a la Seguridad Social en los años en que estuvieron presos; “enfermedades contraídas por los malos tratos recibidos en comisarías y cárceles”; la dificultad para el reingreso y reconocimiento de derechos y haberes en la enseñanza y otros servicios de la Administración de los que fueron expulsados; más las situaciones de penuria de viudas y huérfanos “de los que murieron en la lucha o en las cárceles”.

El actual régimen de la Constitución de 1978 ha sido cicatero en ofrecer la verdad, justicia y reparación debida a los que sufrieron la represión política en su lucha por restablecer la democracia en España. Medidas compensatorias de ámbito estatal dictadas desde 1977 han sido:

- la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE 248, de 17/10/1977);
- la disposición adicional 18ª de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que establecía indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, con el requisito de los 65 años cumplidos y un mínimo de 3 años de prisión para poder cobrarlas;
- y las prestaciones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007).

A estas medidas hay que añadir las diversas adoptadas en el ámbito de cada autonomía. El reconocimiento y la compensación simbólica en otro orden, el de las políticas de la memoria, sigue siendo, aún hoy, una causa pendiente de la democracia.

Para dar a conocer su historia, la Asociación dispone de la Exposición Sueño de Libertad, montada en 2002 en colaboración con la Junta de Castilla–La Mancha, sobre su historia; ha realizado el documental 45 años de lucha: De la clandestinidad a la democracia, y ha publicado el libro La lucha por la libertad (2009). En Valencia, la continuadora actualmente de la Asociación de los años 1970 es la Asociación de Represaliados y Expresos Políticos por el Franquismo en el País Valenciano (AREF-PV), que presidió Eduardo del Alcázar hasta su muerte el pasado mes de enero.

En los contenidos del ejemplar de LIBERTAD que presentamos, además de la actividad asociativa y de la lucha por la amnistía, con un artículo dedicado en particular a la amnistía laboral, destaca la solidaridad con otras causas por violaciones de los Derechos Humanos: comunicados de condena por asesinatos, detenciones, extradicciones…; el caso de Arturo Vilavella Araüjo, en el artículo “Una vida que salvar” (mencionado en el libro Tarde pero llega: Pinochet ante la justicia española, pág. 42); la participación de la Asociación en la jornada del Komitee der Antifaschistischen de la RDA y en la Semana Pro-Chile en Madrid; y la protesta por los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 (de los que se cumplían dos años escasos). En su última página, la Asociación se declaraba defensora del Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

 

■ Donación | Blas Álvarez.
■ Textos | Alberto Gómez Roda, Archivo Histórico de CCOO PV.
■ Edición y publicación | Abraham Canales, FOREM PV/FEIS.

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